Santiago de Chile, 13 may (EFE).- La mina de cobre chilena "Doña
Inés de Collahuasi", en el norte del país, envuelta en un conflicto
de 3.000 trabajadores contratistas, presentó hoy una querella en
contra de quienes resulten culpables de amenaza y secuestro desde el
pasado 7 de mayo cuando se iniciaron las protestas.
Según fuentes judiciales la iniciativa va en contra de las
personas que resulten cómplices o encubridores de los delitos de
secuestro, usurpación, amenaza y asociación ilícita, entre otros,
por los hechos registrados desde que se inició la toma a los accesos
de la mina por una movilización de trabajadores contratistas.
La minera denuncia que los hechos revisten carácter de delito por
los daños causados en la movilización, entre ellos el impedimiento
del traslado de los trabajadores de la empresa a los campamentos
Pionero y Pabellón del Inca.
Según informa la página electrónica de radio Cooperativa, la
Intendenta (Gobernadora) de la Región de Tarapacá, Luz Ebensperger,
recibió a los manifestantes y aseguró que existe disposición del
gobierno regional para encontrar un acercamiento entre la empresa y
los trabajadores en conflicto.
"Si a nosotros como gobierno regional nos solicitan la
intervención, que también nos sentemos en esta mesa como garantes,
observadores o ministros de fe, también estamos disponibles a ello",
acotó Ebensperger.
"Ayer me reuní con un grupo de trabajadores y finalmente en la
noche recibí un correo de la empresa Collahuasi en la que se
solicitaba mi intervención para constituir una mesa el día lunes 17
de mayo", sostuvo.
Víctor Reyes, directivo de la coordinadora de los trabajadores
subcontratados, rechazó los cargos que denuncia la empresa.
"Nosotros preguntamos donde están los secuestrados. No hay
ninguna denuncia. Tenemos grabaciones en las cuales se ve toda la
gente que participó de forma voluntaria en la manifestación",
sostuvo el dirigente.
"Doña Inés de Collahuasi" es un mineral situado a 185 kilómetros
al sudeste de Iquique y a 4.000 metros de altura, cuya producción
llegó el año pasado a 535.000 toneladas de cobre.
La mina pertenece a un consorcio de la suiza Xstrata Plc y Anglo
American, y cuenta además con capital japonés.
El conflicto ha causado pérdidas que ascienden a unos nueve
millones de dólares diarios.
Los trabajadores demandan el pago de un bono de término de
conflicto por un millón de pesos (unos 1.905 dólares), y que se
garantice un buen sistema de turnos de emergencia.
Además piden una mejora en las instalaciones del campamento,
donde denuncian que viven hacinados, y la aplicación de la ley de
trabajo pesado que permite jubilarse después de 20 años de labores,
sin esperar cumplir los 65 años. EFE